La comisión de Juicio Político del Poder Legislativo, presidida por el oficialista Zacarías Khoder (bloque Tucumán Crece), desestimó ayer en reunión el pedido de remoción que se había plantado contra Ana Josefina Fromm, jueza de Familia y Sucesiones de la IX Nominación, el Centro Judicial Capital.

“Entendimos que no había causales (que sustanciaran) al planteo del demandante. Uno de los problemas era el pedido de ADN de la menor que se encontraba en cuestión, y además se cuestionaba que la niña no tenía los alimentos (dispuestos por ley), entre otros (puntos)”, señaló Khoder.

Fromm había sido objetada ante la comisión de Juicio Político por su actuación en un proceso judicial sobre filiación post mortem.

En septiembre pasado, la mayoría de ese comité legislativo se había inclinado por darle trámite a la denuncia, corriéndole traslado a la magistrada cuestionada. Fromm respondió el requerimiento en cuestión. Según trascendió, el comité legislativo se dio por satisfecho con los argumentos esgrimidos.

Desde 2013 que el cuerpo colegiado no adoptaba una medida similar contra un miembro del Poder Judicial. En aquella ocasión, se había dado inicio al proceso de remoción en contra de los entonces vocales de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina (ambos jubilados) y del camarista Eduardo Romero Lascano (obtuvo fallos judiciales a su favor que paralizaron el Jurado de Enjuiciamiento).

La Legislatura había corrido traslado a Fromm en coincidencia con una serie de pedidos de informes girados desde el Poder Judicial de Tucumán en causas que vinculaban al poder político, como los expedientes por la legalidad y el acceso a la información sobre los supuestos subsidios ejecutados durante 2015 por el cuerpo parlamentario. Por ello, se entendió que la medida adoptada por la comisión de Juicio Político era una especia de “mensaje”. En aquella reunión de septiembre, el radical Eudoro Aráoz y el peronista disidente Christian Rodríguez habían votado en contra de que se le corriera traslado a Fromm y propusieron que se archivaran las actuaciones, tal como se había realizado en los respectivos pedidos de remoción formulados contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur (denunciado por el abogado Nicolás Pedro Brito), y del ministro fiscal y pupilar, Edmundo Jiménez (objetado por el Colegio de Abogados de la capital).